La Política Energética de Venezuela y su sector privado

Hegemonía
Por Salvador Barragán Heredia

La Política Energética de Venezuela y su sector privado
(Publicado por Global Energy. Enero de 2010)

El 6.4% de todas las reservas probadas de petróleo que existen en la tierra se encuentran en Venezuela. Por ello, resulta lógico que la política energética de esta Nación se oriente principalmente a la explotación de este recurso natural. En nuestros días, la economía venezolana está petrolizada: un 90% de los ingresos petroleros dependen de las ventas por exportación y significan alrededor del 50% de los ingresos del presupuesto federal y 30% del Producto Interno Bruto.

El negocio petrolero produce algo más que 2.6 millones de barriles diarios (mbd), lo que los convierte en la novena potencia productora del orbe; su consumo es de apenas unos 0.6 mbd; situación que les permite exportar unos 2 mbd y posicionarse como la séptima potencia exportadora del mundo. La producción y sus subsecuentes ingresos, le ha permitido a Venezuela que en los últimos 10 años se haya reducido el número de pobres del 35% al 21%.

El camino del progreso petrolero no fue fácil. La historia del petróleo se remonta a los inicios del siglo pasado, cuando el mundo le dio importancia a ese recurso natural, justo cuando Venezuela presentaba circunstancias adversas para la debida explotación del mineral, pues era incapaz de contar con la tecnología adecuada, era inestable políticamente y tenía una frágil economía. Por ello, diversas empresas extranjeras que contaban con las técnicas para extraer el petróleo incursionaron en esta actividad aprovechando la incapacidad.

Además de ello, las empresas extranjeras se aprovecharon de la incipiente regulación que existía en la materia, sólo la denominada “Ley de Minas” regulaba los hidrocarburos y era urgente un ordenamiento de mayor alcance para regular las actividades inherentes, veamos:

i) Síntesis del marco jurídico energético

A partir de 1920, las actividades derivadas del petróleo se regulaban por las disposiciones contenidas en los contratos y en diversos ordenamientos, esto provocó inequidades por diferentes tratamientos a las disposiciones normativas, por lo que en 1943 se promulgó la denominada “Ley de Hidrocarburos”. Esta ley tuvo entre sus méritos unificar el tratamiento legal de los energéticos y mejoró sustancialmente la participación económica de la Nación mediante la aplicación de las leyes impositivas.

En 1943 el órgano legislativo aprobó la denominada “Ley del Impuesto Sobre la Renta”, con el objeto de establecer que el producto petrolero fuera repartido a mitades entre las empresas extranjeras que participaban en la actividad y el gobierno. La citada Ley logró su objeto y el órgano legislativo en 1972 atendió otros propósitos nacionales sobre hidrocarburos con la promulgación de la “Ley de Reversión” y la “Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos.”

Conformado el marco jurídico, una serie de hechos geopolíticos de gran trascendencia internacional como por ejemplo, la crisis energética y el fortalecimiento de la OPEP en la defensa del negocio petrolero, generaron un sentimiento nacionalista en Venezuela, que impulsó la promulgación de la “Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos”. El ordenamiento tenía como fin dar término a las concesiones otorgadas y transferir definitivamente al Estado los bienes, instalaciones y equipos incorporados a todas las fases de la industria petrolera. Sancionada la Ley, el presidente Carlos Andrés Pérez, aprovechando el nacionalismo en auge, en 1974 dictó el Decreto N° 10, cuyo artículo 1º establece: “la creación de una Comisión Ad honorem con el objeto garantizar que el Estado asumiera el control de la industria petrolera.”

Por ello, en 1975 se aprobó la denominada “Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos”, en la que se establece que: “Se reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, todo lo relativo a la exploración del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento; al comercio interior y exterior de las sustancias explotadas y refinadas, y a las obras que su manejo requiera, en los términos señalados por la Ley. Como consecuencia de lo dispuesto en este artículo, quedarán extinguidas las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Nacional.”

Nacionalizada la industria, se tenía una proliferación de normas que dificultaban la operación; además, había colisión entre normas. Esta situación dio origen a la necesidad de dictar una ley para ordenar e incorporar en un solo texto las materias comprendidas en la referida legislación, para evitar las frecuentes y complicadas interpretaciones de normas legales contradictorias.

Para atender lo anterior, en el 2001, se promulgó la denominada “Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH)”, que tiene por objeto regular todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera, en consonancia con lo establecido en el artículo 302 de la Constitución de Venezuela, que establece que el Estado “se reserva las actividades petroleras por razones estratégicas y de conveniencia nacional.”

La LOH regula las actividades de exploración en busca de yacimientos de hidrocarburos, la explotación de dichas sustancias y la recolección, transporte por vías especiales y almacenamiento que están reservadas al Estado. Además, reserva de igual manera, todo lo relativo a refinerías existentes, así como sus ampliaciones y mejoras futuras, para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

La ley dispone que las nuevas refinerías deben dar cumplimiento a las condiciones en ella previstas, entre otras, sujetarse a un plan y obtener previamente una licencia por parte del Ministerio de Energía y Minas, y su objeto estará dirigido principalmente a la exportación, utilizando tecnología de conversión profunda y no contaminante.

En nuestros días, el marco jurídico energético venezolano ha contribuido para que Petróleos de Venezuela (PDVSA), se posicione como la séptima corporación más importante en exportaciones, la cuarta más grande del mundo, la mayor empresa petrolera de Latinoamérica y tenga fuertes indicadores para lograr producir 5 mdbd en el 2012; además, es fundador de la organización que controla el 75% de las reservas de hidrocarburos del mundo y el 45% de la producción mundial, y lo que es contundente, los venezolanos pagan la gasolina más barata del mundo. Y en todos estos logros el derecho energético ha sido pieza fundamental.

ii) Posición de Venezuela

A pesar de que Venezuela se caracteriza por su economía cerrada, en el caso del petróleo, la visión es diferente. De facto, las principales estrategias de PDVSA se van dibujando hacia el exterior y sus relaciones comerciales le han generado beneficios prósperos.

Por ejemplo, en el tema de refinación. En nuestros días PDVSA es la tercera empresa que refina más petróleo en el mundo (3 mdbd). El inventario estratégico cuenta con 24 refinerías, 6 de ellas en Venezuela y 18 en el exterior: en Estados Unidos, Europa y el Caribe.

Además, ha establecido negociaciones con China, principalmente en el incremento de suministro de petróleo, el abastecimiento de tecnología de punta y la creación de una empresa mixta para la explotación en la Faja del Orinoco venezolano.

El interés de China se debe al descubrimiento de nuevas reservas petroleras en la Faja del Orinoco, en un área de 55 mil kilómetros cuadrados. Se calcula que el hallazgo representa unos 316,000 mdb, lo que posicionará a Venezuela como el país más importante en reservas petroleras, muy por encima de los países de Medio Oriente.

China consume 6 mdb y su producción interna significa algo más de la mitad; por lo tanto, China requiere un país socio como fuente de importaciones, expresó en un boletín de prensa, Ju Yijie, embajador de la República Popular China. “…ciertamente, el mercado natural para Venezuela es el continente americano, pero otros mercados como Japón, China e India, pueden generar expansión y buenos resultados”, señaló el diplomático.

iii) Coordenadas de política energética

Estos hechos demuestran fehacientemente que Venezuela, puede obtener mayores beneficios si se abre al mundo, ya que integrarse a la globalización, significa poner en marcha el motor que produce menos pobres y más riqueza, y por lo tanto, una mejor calidad de vida para los gobernados. Venezuela debe adaptarse a una nueva realidad económica, alejada de dogmas y del discurso populista, que solamente confunden la realidad.

Por ello, es urgente que los venezolanos modifiquen su modelo económico, pues su política cerrada, lejos de beneficiarle, la conduce hacia un triste pasado. En la actualidad Venezuela está posicionada en el lugar 174 de 179 países según el reporte del Índice de Libertad Económica, lo que los convierte en uno de los países con menor atracción para establecer negocios. Entre los aspectos normativos que el reporte menciona y que pudieran retrasarlos en materia comercial están: las restricciones de importación, múltiples barreras de acceso al mercado de servicios, altos impuestos, corrupción (ocupa el lugar 162 de 180 países en el Índice de Transparencia Internacional), controles de divisas y debilidad en los derechos de propiedad intelectual. Por si fuera poco, el Poder Judicial es controlado por el Ejecutivo y el sistema legal discrimina a los inversionistas a favor o en perjuicio según se trate de la nacionalidad.

Por todo lo anterior, es urgente que la política chavista sea examinada, porque se ha desmotivado profundamente a los inversionistas extranjeros para establecer activos en Venezuela, situación que lo único que ha generado, es negarle la oportunidad a su Nación para generar empleos, prosperidad y mejorar la calidad de vida de los suyos. La clase empresarial internacional se muestra desinteresada además, por el retiro de Venezuela a los procesos de integración como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, el impulso a proyectos como Telesur, el Banco del Sur y hasta una OTAN Sudamericana, la retórica antiestadounidense, la compra de armamento, los contactos con China y Rusia y las expropiaciones, todas éstas son argumentos sólidos para no invertir en Venezuela. (Gonzalez, E.)

La política energética venezolana debe ser nacionalista e incluyente. Nacionalista porque debe concentrarse en alcanzar altos grados de rentabilidad para generar el crecimiento que tanto requiere la Nación; incluyente porque se requiere converger con el sector empresarial: fortaleciéndolo, incentivándolo y garantizándole un estado de derecho. Si ambos funcionan, se generarían beneficios macroeconómicos superiores y por lo tanto, Venezuela podría transitar en las grandes ligas del comercio mundial y actuar como una verdadera potencia energética. Resulta evidente, que de lograrse estas acciones, sobrarían los discursos, dogmas y populismo, que tanto daño hacen a la sociedad.

Al MARGEN: Con respeto y gran afecto, deseo que los lectores de Global Energy, realicen cuanto propósito y anhelo tengan a bien proponerse durante el año 2010, con entera salud y felicidad.

“La Eficiencia Energética Norteamericana: eje contra el desastre económico”

(Publicado por Global Energy, Septiembre de 2009)

En el verano de 1956 un geofísico de nombre Marion King Hubbert, quien laboraba en la petrolera Shell y que daba cátedra en la Universidad de Columbia, presentó una teoría en torno al ritmo de producción de petróleo en Estados Unidos. Se le atribuye a Hubbert una curva de proyección en forma de campana de Gauss, en la que su cenit se sitúa en el año 1974, y a partir de ahí la producción desciende paulatina y drásticamente tan rápido como creció hasta su agotamiento. (Laurent, 2007).

Hubbert afirmaba que la Nación norteamericana que en aquella época era líder extractor de petróleo, se convertiría en un importador de hidrocarburos y años más tarde el mundo presenciaría el fin del petróleo. En la misma sintonía apunta Al Husseini: “el descenso se agudizará hacia el 2011” (Berdejo, 2008) y la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas afirma que el fenómeno ocurrirá en el 2010.

Hubbert explica que llegado el año del cenit, cada extracción de barril de petróleo se elevará progresivamente, toda vez que los costos por su obtención se incrementan ante la escasez y la reducción de nuevos descubrimientos y por lo tanto, dejaría de ser rentable el negocio petrolero. Con el paso del tiempo, el estudio ha cobrado importancia y credibilidad, porque las proyecciones de Hubbert han sido certeras.

El aumento del consumo ha orillado a los norteamericanos a importar crudo, mismas que se triplicaron en los últimos 15 años, y para hacer frente a su crisis energética, requieren abastecerse de Venezuela y Medio Oriente, aún cuando se trata de regiones consideradas por el Pentágono como políticamente inestables y posiblemente beligerantes. La dependencia actual es de 12 millones de barriles diarios, situación que los posiciona como la primera potencia importadora del mundo.
Se le escuchó decir a Barack Obama en su campaña presidencial que “Estados Unidos tiene que poner fin a la dependencia de petróleo procedente de Oriente Medio y Venezuela en un plazo de 10 años… ¡romper con nuestra dependencia es uno de los mayores desafíos que enfrentará nuestra generación!”.

En efecto, fue tema electoral el problema del abasto de energéticos y hoy se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Aunque hay otro tema que se correlaciona y que está presente en la agenda diaria del Presidente Obama: la crisis económica global que ha generado decenas de millones de pobres en el mundo. Los precios por los combustibles y las inversiones en el sector energético son claves para el desarrollo económico estadounidense.

De ahí, que el tema energético para los norteamericanos resulte clave para salir de la crisis, toda vez que son los actores más importante del mundo en la era de la globalización, y su enorme fuerza laboral de más de 155 millones de trabajadores repartidos en la industria, comercio y servicios requieren del grandes dosis de energéticos para impulsar con urgencia su economía.

Las necesidades de consumo energético norteamericano obedecen al tamaño del inventario estratégico de comunicaciones que poseen. Cuentan con más de 14 mil aeropuertos; la segunda red ferroviaria más extensa del orbe con más de 226 mil km; la más grande red de carreteras del planeta, en el que transitan 250 millones de vehículos. Además, cuentan con 163 millones de líneas telefónicas fijas y 255 millones de líneas activas de telefonía celular; más de 2 mil canales de televisión; y es la Nación que registra mayores usuarios de internet, donde navegan diariamente más de 223 millones de personas.

De ahí que los norteamericanos utilicen 20.6 millones de barriles de crudo al día y sean reconocidos como el más grande consumidor de petróleo. De facto, su adicción es superior a lo que juntos consumen China, Japón, Rusia, India y Alemania.

Por ello, la política energética estadounidense ha emprendido acciones para incrementar la eficiencia energética, pues con esa línea estratégica, se posibilita la reducción del consumo de petróleo, se reducen los costos de producción y se incrementa el desempeño económico de las empresas.

En el último trimestre del 2008, las exportaciones norteamericanas disminuyeron un 24%; el PIB decreció 6.3%, que representa la mayor caída en 26 años y se perdieron 1 millón 200 mil empleos. En ese mismo año, se presentó Barack Obama como candidato presidencial con el firme propósito de revertir las condiciones macroeconómicas y levantar del shock bursátil a su Nación. “¡Sí… nosotros podemos!”, decía su eslogan de campaña.

Siendo presidente, las acciones de Obama fueron inmediatas y atinadas, al dotar de un plan estratégico de rescate, cuya espina dorsal es la denominada “Eficiencia Energética”. Por ello, el Plan Obama impregnó de fuertes sustancias energéticas a sus políticas económicas, a través de distintos ordenamientos jurídicos.

Hay que decir, que el sistema económico norteamericano va en sintonía con un modelo de libre mercado, en donde el Estado actúa como órgano fiscalizador, que le permite supervisar las actividades de las corporaciones energéticas en su territorio, recibir impuestos por sus operaciones y se da la tarea de estimular las inversiones en el sector para garantizar el abasto de energéticos que requieren.

Atendiendo a todo ello, el gobierno del Presidente Obama suscribió la iniciativa de la “Ley de la Recuperación de América y de Reinversión de 2009”, misma que con fecha de 17 de febrero de 2009 fue promulgada. El Análisis Económico que se desprende del ordenamiento jurídico contabiliza $787 mil millones de dólares dirigidos a incentivos fiscales para proyectos de inversión, con el fin de propiciar el repunte que tanto requieren. Destaca en el ordenamiento jurídico, la inclusión de normas relacionadas para estimular las energías renovables, que representa un "Plan Verde" de recuperación económica.

El espíritu de la ley es mantener y crear más de 3.5 millones de empleos en dos años, reactivar la industria de las energías renovables y la aportación de capital en los próximos 3 años para duplicar la capacidad nacional de energía renovable. Además, se destinan $30 mil millones de dólares para proyectos de energía renovable y $750 millones de dólares para proyectos que aumentan la fiabilidad, la eficiencia energética y la seguridad de la Nación en el sistema energético.

Otro importante acierto, es la denominada “Ley de Crédito del Impuesto Federal”, en el que se establece que “los contribuyentes fiscales calificados para la producción de electricidad renovable podrán obtener incentivos fiscales”, para ello, la ley establece el “Crédito de Impuesto Federal”, el cual permite que las empresas generadoras de energía renovable puedan recibir subsidios del Departamento del Tesoro. El aporte legislativo obedece a que los norteamericanos son el principal consumidor de energía eléctrica en el mundo y de facto, son dependientes de las importaciones de electricidad.

Por ello, el incentivo fiscal resulta un factor clave para reducir las importaciones de electricidad, mitigar el consumo y en consecuencia reducir la contaminación. El incentivo está determinado por un kilovatio por hora de crédito fiscal, calificados y vendidos por el contribuyente durante el periodo de un año. El ordenamiento tiene su antecedente en la ley que se promulgó en 1992 y que fue modificado por el órgano legislativo en el 2008, particularmente, en la aplicación de los plazos de calificación y la lista de recursos renovables, en la que se incluyó por primera vez, la energía proveniente de las olas, las mareas y la térmica oceánica.

Otro ordenamiento que destaca en el sector es la denominada “Ley de Política Energética”. El texto normativo contiene disposiciones puntuales para la obtención de bonos de financiación, préstamos y garantías para productores de energías renovables que tengan por objeto reducir los efectos de los gases invernaderos.
El modelo energético estadounidense ha permitido que operen 36 grandes corporaciones energéticas, que en el 2008 generaron 1,447 billones de dólares en ventas. Sin embargo, es importante considerar que el 62% de este monto es generado por ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips.

En estos momentos, el Congreso está discutiendo el aumento de impuestos para las corporaciones petroleras, toda vez que los ingresos fiscales de las siete mayores compañías de los Estados Unidos son quince veces mayores que las que arrojan la agroindustria. De prosperar la iniciativa, se presentaría una baja considerable en el consumo energético y las empresas petroleras, se verían obligadas a la importación de hidrocarburos, con lo que aumentaría su dependencia energética en el extranjero.

Por ello, recientemente el Presidente Obama, señaló: “ahora no es el momento de imponer nuevos impuestos a las compañías petroleras. Aumentar la contribución fiscal podría significar menor producción, menos puestos de trabajo y menos ingresos en un momento en el que necesitan desesperadamente los tres.”

Mientas se discute el tema, existe otro problema derivado del problema energético y es la contaminación que genera al medio ambiente la energía fósil, toda vez que en la actualidad el consumo norteamericano por el petróleo produce el 35% del total de emisiones de gas invernadero en el mundo.

Para hacer frente al reto, el órgano legislativo cuenta con la denominada “Ley del Aire Limpio”, que tiene por objeto prevenir, controlar y reducir la contaminación del aire. La ley destaca en su exposición de motivos que: “El crecimiento de la contaminación del aire provocada por la urbanización, el desarrollo industrial y la creciente utilización de vehículos de motor, ha dado lugar a crecientes peligros para la salud pública y el bienestar.”

En consonancia con estos objetivos, el Congreso facultó al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales para aplicar sus disposiciones en materia ambiental y penal en lo que establecen la Ley de Aire Limpio, Ley de Agua Limpia, Ley de Agua Potable y la Ley de Reducción de Riesgos de Plomo.

El esfuerzo legislativo tuvo efectos favorables en el corto plazo. La eficiencia de la ley en comento logró reducir en un 24% las emisiones netas de dióxido de azufre (SO2), que genera lluvia ácida. Las emisiones en 1990 ascendían a cerca de 15.6 millones de toneladas y en cinco años las emisiones disminuyeron para colocarse en 11.9 millones de toneladas.

Estados Unidos es uno de los protagonistas del Protocolo de Kioto. Si bien es cierto, que suscribió el acuerdo en 1998, lo rechazó posteriormente y hasta el momento se niega a ratificarlo. Los países miembros del Tratado están estudiando nuevas fórmulas para que Estados Unidos y otros países contaminantes firmen el acuerdo para lograr disminuir las emisiones de dióxido de carbono. De poco valdría rescatar la economía, sin un planeta que habitar, por ello cobra especial relevancia que Estados Unidos ratifique su compromiso con el medio ambiente y con la humanidad. Se recuerda a Al Gore: “Si nos ponemos a la altura de la crisis climática, encontraremos la visión y autoridad moral necesarias para verlos no como una serie de problemas políticos, sino de imperativos morales.”

La política energética es factor clave en el desarrollo económico estadounidense. El Estado requiere disminuir su dependencia petrolera, reducir su polución y garantizar el suficiente abasto para sus actividades económicas, además que debe ofrecerle a los suyos precios justos por el combustible y garantizar políticas energéticas eficientes que promuevan la utilización de la tan necesaria energía limpia.

Por último cito las palabras del Presidente Obama del 19 de marzo de 2009: “Tenemos que tomar una decisión. Podemos seguir siendo uno de los principales importadores mundiales de petróleo extranjero, o podemos hacer las inversiones que nos permiten ser el primer exportador mundial de energía renovable. Podemos dejar que el cambio climático camine sin control, o podemos ayudar a evitarlo. Podemos dejar que los empleos del mañana se crean en el extranjero, o podemos crear los empleos aquí en Estados Unidos y sentar las bases para una prosperidad duradera".

(*) El autor es aspirante a doctorado en derecho por la Universidad Anáhuac México Sur, catedrático y especialista en derecho económico, energético y finanzas. Artículo revisado por el CAD. Martín Hernández, Director de la Facultad de Derecho de la misma Universidad.

Petróleo: el caso de Japón

Publicado por Global Energy (Febrero de 2009)

Se trata de una nación que fue devastada en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki recibieron el impacto nuclear aniquilando instantáneamente a 143 mil japoneses. Se trata de la mayor masacre en toda la historia de la humanidad. A pesar de exterminio, los japoneses se levantaron del desastre y construyeron un futuro que hoy es digno de admiración, veamos:

Esta nación se inspiró en la necesidad de volver a comenzar. Así, bajo la ocupación aliada en 1947, los japoneses promulgaron su ordenanza suprema, la “Constitución de la Paz”, en la que se establece el anhelo de ocupar un lugar digno en la comunidad internacional, con las naciones que luchan por la preservación de la paz, el destierro de la tiranía, esclavitud, la opresión y la intolerancia. Reconoce que todos los pueblos del mundo tienen derecho a vivir en paz, libre de temor y de la miseria. En el artículo noveno del mismo ordenamiento, se establece que el pueblo japonés renuncia a la guerra como derecho soberano de la nación y la amenaza o el uso de la fuerza, como medio de solución de controversias internacionales. A nuestros días, su Constitución permanece intacta y en vigor.

Los índices de calidad de vida están íntimamente ligados con la paz. El moderno Japón repudia la guerra y es que una nación que no aprende de su historia esta condenada a repetir fracasos, es por ello, que Japón busca la paz. Es oportuno recordar a Einstein, el hombre de las ecuaciones: “...cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: la paz”. De ahí, que los inversores tengan confianza en depositar sus capitales en Japón, dado que se trata de la quinta nación más pacífica, según el Índice Global de Paz de 2008.

Se les debe a ellos un sabio proverbio: se aprende de la victoria, pero mucho más de la derrota. Con valor, iniciaron su reconstrucción con la modernización de sus plantas industriales. Apostaron esfuerzos: en la química, petroquímica y en la maquinaria pesada. A tres años del terror, los japoneses sorprendieron al mundo con una producción industrial superior a la que generaban antes de la deflagración.
La mayor gloria del pueblo oriental está en su levantamiento. Para 1960, el tamaño de su economía superaba a todas las naciones de Europa Occidental, ubicándose sólo debajo de Estados Unidos en términos industriales; en 1964 ocuparon el primer puesto mundial según crecimiento; en 1971 ya eran tercera potencia exportadora y el quinto en importaciones; para la década de los ochentas lograron un crecimiento industrial del 10 por ciento; en los noventas conquistaron el dominio mundial en la fabricación de barcos y abastecían de acero, aparatos eléctricos y vehículos al mundo.

El milagro económico se hizo posible gracias a que Japón se esforzó en construir los medios adecuados para generar a largo plazo crecimiento económico. En nuestros días les favorece su red ferroviaria, en el que viaja el famoso Shinkansen que encabeza la velocidad mundial y se espera para unos años que viajen los trenes de levitación magnética que a control remoto recorren 581 kilómetros por hora. Además, Japón cuenta con más de mil kilómetros de carreteras en las que transitan a diario 74 millones de vehículos; y navegan por los océanos más de 6,519 buques mercantes.
En efecto, el sueño imposible se convirtió en realidad gracias al enérgico afán de perseguirlo. Al cierre de 2008, se mencionan los factores que permitieron el anhelado progreso: la moderada carga normativa, seguridad energética, alta tecnología, inteligentes procesos de producción e innovación, así como sus fuertes inversiones en Investigación y Desarrollo.

Por esos factores, Japón ocupa la novena posición en el Reporte Global de Competitividad, la tercera posición menos inflacionaria, moderados aumentos de costos, incrementos constantes en producción de patentes, altos índices de esperanza de vida. Todo esto le permite a Japón ofrecer a sus gobernados el tercer producto interno bruto más grande en el mundo y un pib per cápita de 37,940 dólares anuales; es decir, generan bienestar para 127 millones de habitantes.

Pensando en grande, mirando lejos, avanzan en el progreso. Con esa filosofía, el minúsculo Japón que ocupa el puesto 61 en términos territoriales y que tiene escasos recursos naturales, es feroz competidor de las grandes ligas del comercio.
Por ejemplo, el gigantesco Brasil, primera potencia económica del Hemisferio Sur, cuenta con extraordinarios recursos naturales, es 23 veces más grande que Japón y otorga a los suyos el lugar 70 mundial en calidad de vida (ONU, 2008). En cambio, el minúsculo Japón que tiene recursos naturales escasos, supera 2.5 veces la economía brasileña, ubicándose en el octavo puesto mundial en el Índice de Desarrollo Humano y es la tercer potencia económica mundial.

Si bien, queda demostrado que el tamaño territorial y los recursos naturales, no son elementos fundamentales para ser potencia económica mundial, hay que decir que Japón no podría generar tanta riqueza sin el motor energético necesario. La hegemonía de Japón depende de la energía nuclear, gas, carbón y petróleo.
En lo que respecta al oro negro, la producción nacional alcanza 130 mil barriles diarios recaudados en trece campos y 145 pozos. Es pertinente recordar al incisivo crítico social George Bernard Shaw, quien sostenía que “solo triunfa quien se levanta y busca a las circunstancias, creándolas si no las encuentra.”

En congruencia, esta nación asiática requiere al día de 5 millones de barriles de crudo, cifra que los ubica como el tercer más grande consumidor, apenas debajo de los estadounidenses y de los chinos. Por ello, es que el activismo económico japonés depende del suministro vía importación.

Japón es el segundo importador de petróleo y el 90 por ciento de su abastecimiento es cubierto por Medio Oriente, región identificada como altamente inestable. De ahí, que las políticas energéticas actuales apuntan hacia otros proveedores, como Rusia, Asia Central y África.

De prosperar esta política energética de diversificación podrían mitigarse las importaciones y abrir nuevas rutas de suministro. Y es que ante la recesión está demostrado que las inversiones en infraestructura energética puede ser factor clave para reactivar la economía, tan lastimada ahora a causa del terremoto financiero que ha cimbrado al mundo y que tiene epicentro en territorio estadounidense.

Ante el derrumbe bursátil mundial, los economistas fundaban sus esperanzas en la llegada de Barack Obama. No obstante, el índice Dow Jones lo recibió con una pérdida histórica del 4 por ciento, la peor caída en un día de investidura. Mientras tanto, los precios por el hidrocarburo tejano siguen en caída libre. Al cierre de la edición, el crudo se colocó en $42.86 dólares por barril. Para Japón, este descenso es favorable, dada su dependencia en importaciones; es decir compra hoy a 47 por ciento de descuento respecto al 2008.

A pesar de la oferta, Japón busca protegerse contra irrupciones inesperadas del suministro de petróleo de Medio Oriente y por tanto ha formado alianza con Rusia e Irán. Las negociaciones han prosperado y están en marcha dos importantes proyectos: con los rusos, desde Siberia hasta Nakhodka, donde se construye un oleoducto de longitud de 4,130 kilómetros para alcanzar un suministro diario de 1.6 millones de barriles. En lo que respecta a los iraníes, se construye un oleoducto para la obtención de 260 mil barriles de petróleo diariamente para el 2012. Estos proyectos podrán atemperar una parte de su dependencia energética, pero sin solucionarla de tajo.

Mientras tanto, los nipones reciben diariamente del extranjero 4.6 millones de barriles de crudo, es por ello, que cuentan con una poderosa capacidad instalada para refinar al día el 92 por ciento de sus importaciones, operada por 31 refinerías, que posicionan a los japoneses como la segunda potencia refinadora en Asia, después de China.

En lo que respecta al gas natural, Japón es el líder indiscutible en consumo. Sin embargo, tampoco cuenta con ese energético. Los problemas se agravan, si se considera que carecen de conexiones de gasoductos internacionales para el suministro y es que el territorio montañoso impide el abastecimiento. Es por ello, que el gobierno generó importantes reformas al marco jurídico para permitir la inversión privada en la construcción y operación de gasoductos. Es intentando lo imposible como se logra lo posible, así las importaciones crecieron un 8 por ciento durante el 2007.

Los asiáticos contrarrestan sus limitantes mediante la energía nuclear. A la fecha ningún país en el mundo alcanza sus niveles de producción, toda vez que cuentan con 52 reactores nucleares con una capacidad de generación de 45.74 GW. La generación es de alto riesgo y el mundo no olvida que en 1999 se presentó un accidente en una instalación nuclear privada de la ciudad de Tōkai Mura, que fue considerada como la mayor catástrofe nuclear desde Chernóbil en 1986. A pesar del evento, la energía nuclear sigue siendo el núcleo de la política energética japonesa.

“La velocidad es irrelevante, si vas por la dirección equivocada”, decía el pensador Gandhi. Con todo y el accidente nuclear, el gobierno japonés persiste en el afán, por lo que las estrategias prevén un crecimiento apresurado del sector. Se planea la operación de tres nuevos reactores para el 2010 y otros seis más para el 2030. La iniciativa generará un aumento del 10 por ciento en emisiones de dióxido de carbono, lo que derrumbaría los compromisos adquiridos contra el Cambio Climático.

Es pertinente recordar al filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin, quien afirmaba: “nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad, excepto la humanidad misma”. Es por ello, que no se puede aceptar el silencio ante las estruendosas alarmas que a gritos vaticina el mundo científico, cabe citar la Declaración del Milenio de Naciones Unidas del año 2000, donde los expertos afirmaron que “no debemos escatimar esfuerzos para liberar a la humanidad y sobre todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente deteriorado por las actividades humanas.”

En ese tenor, son corresponsables los fabricantes automotores. Para el año 2010 circularán mil millones de vehículos en el mundo y con ello, las emisiones de dióxido de sulfuro provocarán extensos daños a través de lluvias ácidas por el planeta. ¿De qué nos puede servir crecimiento económico sin un mundo que podamos habitar?

La más poderosa de todas las automotrices es Toyota Motor Corporation, fundada en 1957 y hoy comandada por Fujio Cho. Produce más de 9.8 millones de vehículos al año, se trata de la octava empresa más importante del orbe.
A nadie sorprende que Toyota sea líder absoluto en tecnología verde. De facto, sus estrategias se centran en la eficiencia del combustible, lo que les ha generado éxito frente a los estadounidenses, quienes sostienen desde 1987 que producir coches eficientes es demasiado costoso y que a sus consumidores no les interesa. (Roberts, 2007).

Recientemente, Toyota presentó el modelo Prius, compuesto por un motor eléctrico y otro de gasolina, dotado de cuatro cilindros, capaz de recorrer 80 kilómetros con apenas 3.78 litros, indiscutiblemente se trata del vehículo más eficiente en el mundo. En sintonía, Toyota anuncia que en el corto plazo, la ciencia de la corporación, le dará al mundo un vehículo que funcionará por paneles solares.”

Cumplidos 65 años de la derrota en la guerra, los japoneses le dan seguimiento a los factores que les dieron rumbo. El minúsculo Japón enseña al mundo, la grandeza del ser humano, que basta el carácter y el liderazgo positivo para revertir realidades. Conviene citar a José Ortega y Gasset, quien afirmaba con cierto sentimiento que “un pueblo no sólo ha de saber vencer, sino también ser vencido. Manifiesta pobreza de espíritu no estar dispuesto a ver en la derrota una de las caras que puede tomar la vida”.

Petróleo: Contratos de Riesgo

por SALVADOR BARRAGAN HEREDIA

Canadá, Alaska, Rusia, Islandia, Groenlandia, la región de Laponia, en Suecia, Noruega, Finlandia y las islas Svalbard componen el Ártico, se trata del área alrededor del Polo Norte de la Tierra y de un extenso océano rodeado de tierras despobladas de árboles y subsuelo helado.


Recientemente, el mar de Islandia registró recorridos de buques petroleros procedentes de Siberia, y es que el Centro de Nieve y Hielo de Colorado, reveló a través de un informe , que el Ártico ha perdido terreno en sólo un año, un equivalente a Europa Occidental, adelantando en 40 años las previsiones sobre el ritmo de deshielo.

Este insólito acontecimiento ha permitido la exploración de yacimientos energéticos en la zona, toda vez que se considera que un 25% de las reservas de petróleo y gas podrían encontrarse en el Ártico , por lo que con el cambio climático ha facilitado el transporte marítimo a zonas antes impenetrables.

Los cálculos preliminares señalan que las reservas petroleras que se encuentran en el Ártico podrían compararse al total de reservas que existen en toda América y en Asia. Empresas transnacionales como Shell, Total y Gazprom, y los principales países avecindados como Estados Unidos, Rusia, Noruega y Dinamarca e Islandia, activaron a partir de Davos, las batallas diplomáticas – comerciales por los recursos energéticos que antes simplemente no le interesaban a nadie.

Este tipo de exploración es altamente costosa y evidentemente no resulta rentable que una sola empresa realice este tipo de actividad, pues a esta exploración se le considera de alto riesgo, por tres motivos principales:

a) Riesgos geológicos debido a la complejidad de estructuras geológicas y a la dificultad de identificar yacimientos, en algunos casos, la presencia de cuerpos salinos deterioran las imágenes del subsuelo y disminuyen la probabilidad de descubrir yacimientos en estos ambientes.
b) Riesgos de operación; flujos de agua somera y flujos de gas que pudieran provocar reventones durante la perforación; disponibilidad de equipos de perforación, instalación y mantenimiento que incrementan los costos y que retrasan las operaciones; y,
c) Riesgos financieros: exposición de capital debido a los altos costos de exploración, desarrollo y explotación.
La alternativa que tienen éstas empresas para explorar yacimientos en el Ártico, se encuentra en los llamados contratos Joint Venture (JV), mismos que les permite compartir el riesgo o la aventura de ganar o perder. Al iniciar el negocio, no se cuenta con la certidumbre sobre el cálculo exacto de hidrocarburos prospectivos (cantidad de hidrocarburos evaluada, de acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas y que se estima pueden ser recuperables). Además, hay que decir que las exploraciones son extremadamente costosas.
Otro ejemplo ilustrativo: imaginemos la construcción de aviones. El costo es tan alto que puede requerir la alianza de 3 ó 4 países (airbus) o lanzar una estación al espacio y, en un plano más modesto, la construcción de un aeropuerto o una represa.
En todos estos casos no se desea correr todo el riesgo solo. Si algo sale mal puede provocar la quiebra de la empresa, por otro lado, la alianza puede permitir llevar a cabo la obra por las competencias de cada uno.
Al modelo de contrato denominado joint venture se le conoce como de “riesgo compartido” porque tiene como característica que dos o más personas jurídicas, celebran este contrato con el propósito de realizar un negocio en conjunto, asumiendo el riesgo respectivo en común, con el objeto de disfrutar en igual medida y cantidad de los beneficios, por un tiempo determinado, sin la necesidad de constituir una sociedad o persona jurídica.
En los últimos años, la competencia comercial orilló a las empresas a establecer este tipo de asociaciones para hacer frente a las demandas de mercado.
Para Max Arias-Shereiber Pezer, citado por César Fernández, el joint venture, es un instrumento contractual que responde a la necesidad de movilizar capitales en búsqueda de alta rentabilidad y correlativa reducción de riesgos, en el que las partes se juntan con un criterio de coparticipación que asume las más diferentes formas y matices.
Tales uniones productivas contienen un acuerdo entre dos o más compañías para sumar esfuerzos a un negocio común. En la mayoría de los casos, se trata de aportar alguna de las partes materia prima, tecnología, conocimiento del mercado, ventas o estrategias de distribución.
Este novedoso contrato ha sido factor de éxito de un gran número de empresas en la última década.
Estos contratos requieren para su perfeccionamiento del consentimiento de las partes y podrán elevarse a escritura pública e inscribirse en los registros públicos, cuando las partes así lo hayan acordado.
La modalidad en cuestión se utiliza para una cantidad ilimitada de proyectos o inversiones, en las distintas áreas como hidrocarburos, industria pesquera, navegación u otras.
Eso sí, se requiere de una gran comunicación para que las partes señalen claramente los propósitos y expectativas. En el acuerdo debe señalarse cuestiones relativas al control de la empresa, las aportaciones del capital, apoyo de la empresa y vigencia.
Un elemento característico es que los contratos de riesgo podrán llevar contabilidad independiente de los socios, por lo que las partes pueden controlar sus propias operaciones, de modo que los ingresos, gastos y costos serán asumidos íntegramente por cada uno de ellos, según la actividad o tipo de aportación.
El control operativo y la rendición de cuentas a través de informes de actividades, estado de resultados y estrategias aprobadas, permitirán fiscalizar las operaciones de la empresa conjunta, sin descartar el riesgo financiero, inflación, tasas de interés, cuestiones políticas, estatizaciones, y las variaciones de los sistemas jurídicos, como principales riesgos que comparten las partes.
Los estudiosos de los contratos mercantiles nos dicen -aunque no es mi propósito profundizar-, que respecto a su naturaleza se trata de un contrato moderno atípico porque no se ha regulado por la legislación mexicana.
Es un acuerdo principal no subordinado a otro, es decir; autónomo, toda vez que tiene existencia propia sin encontrarse subordinado o ser accesorio a otra modalidad contractual.
En este contrato basta el consentimiento de los contratantes y su fin es lucrativo, porque buscan las partes un beneficio económico, asumiendo en la misma medida las pérdidas y ganancias.
Las partes que en él intervienen pueden conocer las ventajas económicas y riesgos existentes sin depender de acontecimientos inciertos porque se basa en el conocimiento personal y en la confianza de los contratantes.
Existe un gran número de ejemplos de empresas trasnacionales para maximizar sus ingresos y lograr la expansión que requieren, han optado por utilizar este tipo de contratos, veamos:
1) The Dow Chemical Company (Dow) y la Compañía de Industrias Petroquímicas del Estado de Kuwait, con el objeto de producir y comercializar polietileno, polipropileno, policarbonato, etilenaminas y etanolaminas. La transacción, sujeta al cumplimiento de acuerdos definitivos y aprobaciones regulatorias, está prevista para concretarse a fines de 2008. Se espera que el JV genere ingresos por más de US$ 11 mil millones anuales y emplee a más de 5.000 personas a nivel mundial.
2) Air France KLM y Delta, con el objeto de cubrir sus rutas transatlánticas en los próximos años, compartirán ingresos y costos en estos vuelos, preparándose así para la entrada en vigor del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea de liberalización del tráfico aéreo entre estas dos zonas del globo, sujeto a la autorización de las autoridades antimonopolio, la operación se pondrá en marcha en abril de 2008, y el acuerdo cubrirá, en principio, 19 vuelos al día y se espera que genere US$1.500 millones al año en su primera fase.
3) DuPont Packaging & Industrial Polymers (P&IP) y Sinopec, para producir resinas de etil vinil acetato (EVA) en China, el acuerdo dotará de tecnología y la experiencia en fabricación que poseen ambas compañías y suministrará de manera competitiva una amplia gama de productos especializados EVA de excelente calidad. El está dividida en un 55% para Sinopec y en un 45% para DuPont, con una capacidad de producción anual de cerca de 60.000 toneladas. El inicio de la producción de EVA está previsto para finales de 2008, sin determinarse las ganancias que podrían generar
En suma, son pocas las alternativas que quedan para las corporaciones que quieren realizar grandes proyectos, si evitan explorar estos contratos. En cambio, son muchas razones las que motivan a las naciones incursionar con estos contratos, probablemente en algunos años el Congreso discutirá sobre los beneficios que pueden brindarle los joint venture a nuestra nación, mientras tanto, otras empresas se expanden, potencializan sus operaciones, maximizan sus ganancias y generan una mejor calidad de vida para los suyos, toda vez que estos contratos generan empleo, crecimiento económico y garantizan seguridad jurídica.