(Publicado por Global Energy, Septiembre de 2009)
En el verano de 1956 un geofísico de nombre Marion King Hubbert, quien laboraba en la petrolera Shell y que daba cátedra en la Universidad de Columbia, presentó una teoría en torno al ritmo de producción de petróleo en Estados Unidos. Se le atribuye a Hubbert una curva de proyección en forma de campana de Gauss, en la que su cenit se sitúa en el año 1974, y a partir de ahí la producción desciende paulatina y drásticamente tan rápido como creció hasta su agotamiento. (Laurent, 2007).
Hubbert afirmaba que la Nación norteamericana que en aquella época era líder extractor de petróleo, se convertiría en un importador de hidrocarburos y años más tarde el mundo presenciaría el fin del petróleo. En la misma sintonía apunta Al Husseini: “el descenso se agudizará hacia el 2011” (Berdejo, 2008) y la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas afirma que el fenómeno ocurrirá en el 2010.
Hubbert explica que llegado el año del cenit, cada extracción de barril de petróleo se elevará progresivamente, toda vez que los costos por su obtención se incrementan ante la escasez y la reducción de nuevos descubrimientos y por lo tanto, dejaría de ser rentable el negocio petrolero. Con el paso del tiempo, el estudio ha cobrado importancia y credibilidad, porque las proyecciones de Hubbert han sido certeras.
El aumento del consumo ha orillado a los norteamericanos a importar crudo, mismas que se triplicaron en los últimos 15 años, y para hacer frente a su crisis energética, requieren abastecerse de Venezuela y Medio Oriente, aún cuando se trata de regiones consideradas por el Pentágono como políticamente inestables y posiblemente beligerantes. La dependencia actual es de 12 millones de barriles diarios, situación que los posiciona como la primera potencia importadora del mundo.
Se le escuchó decir a Barack Obama en su campaña presidencial que “Estados Unidos tiene que poner fin a la dependencia de petróleo procedente de Oriente Medio y Venezuela en un plazo de 10 años… ¡romper con nuestra dependencia es uno de los mayores desafíos que enfrentará nuestra generación!”.
En efecto, fue tema electoral el problema del abasto de energéticos y hoy se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Aunque hay otro tema que se correlaciona y que está presente en la agenda diaria del Presidente Obama: la crisis económica global que ha generado decenas de millones de pobres en el mundo. Los precios por los combustibles y las inversiones en el sector energético son claves para el desarrollo económico estadounidense.
De ahí, que el tema energético para los norteamericanos resulte clave para salir de la crisis, toda vez que son los actores más importante del mundo en la era de la globalización, y su enorme fuerza laboral de más de 155 millones de trabajadores repartidos en la industria, comercio y servicios requieren del grandes dosis de energéticos para impulsar con urgencia su economía.
Las necesidades de consumo energético norteamericano obedecen al tamaño del inventario estratégico de comunicaciones que poseen. Cuentan con más de 14 mil aeropuertos; la segunda red ferroviaria más extensa del orbe con más de 226 mil km; la más grande red de carreteras del planeta, en el que transitan 250 millones de vehículos. Además, cuentan con 163 millones de líneas telefónicas fijas y 255 millones de líneas activas de telefonía celular; más de 2 mil canales de televisión; y es la Nación que registra mayores usuarios de internet, donde navegan diariamente más de 223 millones de personas.
De ahí que los norteamericanos utilicen 20.6 millones de barriles de crudo al día y sean reconocidos como el más grande consumidor de petróleo. De facto, su adicción es superior a lo que juntos consumen China, Japón, Rusia, India y Alemania.
Por ello, la política energética estadounidense ha emprendido acciones para incrementar la eficiencia energética, pues con esa línea estratégica, se posibilita la reducción del consumo de petróleo, se reducen los costos de producción y se incrementa el desempeño económico de las empresas.
En el último trimestre del 2008, las exportaciones norteamericanas disminuyeron un 24%; el PIB decreció 6.3%, que representa la mayor caída en 26 años y se perdieron 1 millón 200 mil empleos. En ese mismo año, se presentó Barack Obama como candidato presidencial con el firme propósito de revertir las condiciones macroeconómicas y levantar del shock bursátil a su Nación. “¡Sí… nosotros podemos!”, decía su eslogan de campaña.
Siendo presidente, las acciones de Obama fueron inmediatas y atinadas, al dotar de un plan estratégico de rescate, cuya espina dorsal es la denominada “Eficiencia Energética”. Por ello, el Plan Obama impregnó de fuertes sustancias energéticas a sus políticas económicas, a través de distintos ordenamientos jurídicos.
Hay que decir, que el sistema económico norteamericano va en sintonía con un modelo de libre mercado, en donde el Estado actúa como órgano fiscalizador, que le permite supervisar las actividades de las corporaciones energéticas en su territorio, recibir impuestos por sus operaciones y se da la tarea de estimular las inversiones en el sector para garantizar el abasto de energéticos que requieren.
Atendiendo a todo ello, el gobierno del Presidente Obama suscribió la iniciativa de la “Ley de la Recuperación de América y de Reinversión de 2009”, misma que con fecha de 17 de febrero de 2009 fue promulgada. El Análisis Económico que se desprende del ordenamiento jurídico contabiliza $787 mil millones de dólares dirigidos a incentivos fiscales para proyectos de inversión, con el fin de propiciar el repunte que tanto requieren. Destaca en el ordenamiento jurídico, la inclusión de normas relacionadas para estimular las energías renovables, que representa un "Plan Verde" de recuperación económica.
El espíritu de la ley es mantener y crear más de 3.5 millones de empleos en dos años, reactivar la industria de las energías renovables y la aportación de capital en los próximos 3 años para duplicar la capacidad nacional de energía renovable. Además, se destinan $30 mil millones de dólares para proyectos de energía renovable y $750 millones de dólares para proyectos que aumentan la fiabilidad, la eficiencia energética y la seguridad de la Nación en el sistema energético.
Otro importante acierto, es la denominada “Ley de Crédito del Impuesto Federal”, en el que se establece que “los contribuyentes fiscales calificados para la producción de electricidad renovable podrán obtener incentivos fiscales”, para ello, la ley establece el “Crédito de Impuesto Federal”, el cual permite que las empresas generadoras de energía renovable puedan recibir subsidios del Departamento del Tesoro. El aporte legislativo obedece a que los norteamericanos son el principal consumidor de energía eléctrica en el mundo y de facto, son dependientes de las importaciones de electricidad.
Por ello, el incentivo fiscal resulta un factor clave para reducir las importaciones de electricidad, mitigar el consumo y en consecuencia reducir la contaminación. El incentivo está determinado por un kilovatio por hora de crédito fiscal, calificados y vendidos por el contribuyente durante el periodo de un año. El ordenamiento tiene su antecedente en la ley que se promulgó en 1992 y que fue modificado por el órgano legislativo en el 2008, particularmente, en la aplicación de los plazos de calificación y la lista de recursos renovables, en la que se incluyó por primera vez, la energía proveniente de las olas, las mareas y la térmica oceánica.
Otro ordenamiento que destaca en el sector es la denominada “Ley de Política Energética”. El texto normativo contiene disposiciones puntuales para la obtención de bonos de financiación, préstamos y garantías para productores de energías renovables que tengan por objeto reducir los efectos de los gases invernaderos.
El modelo energético estadounidense ha permitido que operen 36 grandes corporaciones energéticas, que en el 2008 generaron 1,447 billones de dólares en ventas. Sin embargo, es importante considerar que el 62% de este monto es generado por ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips.
En estos momentos, el Congreso está discutiendo el aumento de impuestos para las corporaciones petroleras, toda vez que los ingresos fiscales de las siete mayores compañías de los Estados Unidos son quince veces mayores que las que arrojan la agroindustria. De prosperar la iniciativa, se presentaría una baja considerable en el consumo energético y las empresas petroleras, se verían obligadas a la importación de hidrocarburos, con lo que aumentaría su dependencia energética en el extranjero.
Por ello, recientemente el Presidente Obama, señaló: “ahora no es el momento de imponer nuevos impuestos a las compañías petroleras. Aumentar la contribución fiscal podría significar menor producción, menos puestos de trabajo y menos ingresos en un momento en el que necesitan desesperadamente los tres.”
Mientas se discute el tema, existe otro problema derivado del problema energético y es la contaminación que genera al medio ambiente la energía fósil, toda vez que en la actualidad el consumo norteamericano por el petróleo produce el 35% del total de emisiones de gas invernadero en el mundo.
Para hacer frente al reto, el órgano legislativo cuenta con la denominada “Ley del Aire Limpio”, que tiene por objeto prevenir, controlar y reducir la contaminación del aire. La ley destaca en su exposición de motivos que: “El crecimiento de la contaminación del aire provocada por la urbanización, el desarrollo industrial y la creciente utilización de vehículos de motor, ha dado lugar a crecientes peligros para la salud pública y el bienestar.”
En consonancia con estos objetivos, el Congreso facultó al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales para aplicar sus disposiciones en materia ambiental y penal en lo que establecen la Ley de Aire Limpio, Ley de Agua Limpia, Ley de Agua Potable y la Ley de Reducción de Riesgos de Plomo.
El esfuerzo legislativo tuvo efectos favorables en el corto plazo. La eficiencia de la ley en comento logró reducir en un 24% las emisiones netas de dióxido de azufre (SO2), que genera lluvia ácida. Las emisiones en 1990 ascendían a cerca de 15.6 millones de toneladas y en cinco años las emisiones disminuyeron para colocarse en 11.9 millones de toneladas.
Estados Unidos es uno de los protagonistas del Protocolo de Kioto. Si bien es cierto, que suscribió el acuerdo en 1998, lo rechazó posteriormente y hasta el momento se niega a ratificarlo. Los países miembros del Tratado están estudiando nuevas fórmulas para que Estados Unidos y otros países contaminantes firmen el acuerdo para lograr disminuir las emisiones de dióxido de carbono. De poco valdría rescatar la economía, sin un planeta que habitar, por ello cobra especial relevancia que Estados Unidos ratifique su compromiso con el medio ambiente y con la humanidad. Se recuerda a Al Gore: “Si nos ponemos a la altura de la crisis climática, encontraremos la visión y autoridad moral necesarias para verlos no como una serie de problemas políticos, sino de imperativos morales.”
La política energética es factor clave en el desarrollo económico estadounidense. El Estado requiere disminuir su dependencia petrolera, reducir su polución y garantizar el suficiente abasto para sus actividades económicas, además que debe ofrecerle a los suyos precios justos por el combustible y garantizar políticas energéticas eficientes que promuevan la utilización de la tan necesaria energía limpia.
Por último cito las palabras del Presidente Obama del 19 de marzo de 2009: “Tenemos que tomar una decisión. Podemos seguir siendo uno de los principales importadores mundiales de petróleo extranjero, o podemos hacer las inversiones que nos permiten ser el primer exportador mundial de energía renovable. Podemos dejar que el cambio climático camine sin control, o podemos ayudar a evitarlo. Podemos dejar que los empleos del mañana se crean en el extranjero, o podemos crear los empleos aquí en Estados Unidos y sentar las bases para una prosperidad duradera".
(*) El autor es aspirante a doctorado en derecho por la Universidad Anáhuac México Sur, catedrático y especialista en derecho económico, energético y finanzas. Artículo revisado por el CAD. Martín Hernández, Director de la Facultad de Derecho de la misma Universidad.
