Publicado por Global Energy (Octubre 2009)
Nigeria se independizó de Gran Bretaña en 1960, padeció del amargo estrago de la guerra civil en 1965 en la que perecieron más de un millón de personas. En 1976 fue asesinado el presidente Murtala y el gobierno quedó en manos de Olusegun Obasanjo, quien fuera un líder militar que pasó tres años en prisión durante el régimen del General Sani Abacha. A partir de ahí, comenzó el periodo constitucional más importante de la historia de Nigeria, en el que se legalizaron los partidos políticos, se aprobó la constitución y se estableció la convocatoria electoral. El esfuerzo culminó con la devolución del poder a los civiles en 1979 y de esta forma, Obasanjo se convirtió en el primer presidente democrático.
La moderna Nigeria, tiene el privilegio de contar con extraordinarios recursos naturales, particularmente de petróleo. Se trata de la quinceava potencia productora de crudo en el mundo, sus operaciones les permite extraer al día más de 2.17 millones de barriles, sus actividades exploratorias se concentran en las aguas profundas en la cuenca del Chad y según los datos del diario oficial del gobierno “Oil and Gas Journal”, se estima que sus reservas probadas superan los 36 mil millones de barriles, lo que los posiciona en el décimo lugar de las naciones que poseen mayores reservas probadas.
A pesar de la riqueza mencionada, Nigeria es víctima de la famosa maldición de los recursos petroleros, pues a pesar de tenerlo prácticamente todo, el país vive sumergido en la pobreza. Mientras el gobierno nigeriano intenta mejorar las condiciones de vida de los suyos, la miseria crece cobijada por la corrupción, la degradación ambiental, la destrucción de medios de vida y la delincuencia. Según el Banco Mundial, el 80% de los ingresos del petróleo se concentran en manos del 1% de la población, y el 70% de la riqueza económica se ubica en territorio extranjero. En el 2008, Nigeria se ubicó en el lugar 158 de 177 países en el índice de calidad de vida; de facto el 30% de los niños tienen peso insuficiente; y son la segunda más alta tasa de mortandad infantil en el mundo; además, la mitad de la población carece de agua potable y la esperanza de vida promedio es de 46 años. (Khakee, A).
Hay que decir que se observan avances en el combate de la pobreza y es probable que Nigeria pueda alcanzar los llamados “Objetivos del Milenio”, para garantizar la seguridad alimentaria, igualdad de género y el otorgamiento de la educación básica antes del 2015. Los esfuerzos reales iniciaron en el 2004, cuando Nigeria emprendió el Programa NEEDS (National Economic Empowerment and Development Strategy), estrategia de reducción de la pobreza a través de la generación de empleo y mediante reformas legislativas estructurales. Hoy, Nigeria tiene claro el objetivo convertir a Nigeria en uno de los 20 países más ricos del mundo para el año 2020 y así, reducir su pobreza.
Mientras esto ocurre, la economía nigeriana esta petrolizada. El Banco Mundial afirma que el 95% de los ingresos derivados de las exportaciones nigerianas derivan del petróleo y el 85% de los ingresos del gobierno provienen de las ventas de hidrocarburos.
En efecto, la política energética se centra en las exportaciones, toda vez que su consumo interno es mínimo al requerir solamente de 286 mil barriles diarios, aún y cuando es el noveno país más poblado en la tierra, de ahí que puedan utilizar el remanente para exportar al día 1.88 millones de barriles. Las exportaciones tienen como destino los Estados Unidos, principal consumidor del mundo, en la actualidad Nigeria es el quinto proveedor más importante que tienen los estadounidenses, quienes dan preferencia al petróleo nigeriano porque es de bajo contenido de azufre y gravedad, lo que permite a las refinerías estadounidenses reducir los costos de refinación, además que la situación geográfica de Nigeria permite que los costos de transporte a Europa y Estados Unidos sean relativamente bajos.
Si bien es cierto, que los nigerianos están haciendo grandes esfuerzos para acrecentar su hegemonía a nivel mundial en su actividad petrolera, también es verdad que en estos momentos enfrentan el desafío de reformar su marco jurídico energético para generar paz y crecimiento económico. El reto tiene que ver principalmente con el destino de los ingresos derivados del petróleo y por otro lado, en las acciones que emprenden las corporaciones petroleras extranjeras en perjuicio de las comunidades agrarias, mismas que operan bajo el auspicio de la legislación, veamos:
En la Constitución de Nigeria se establece que “la propiedad y el control sobre todos los minerales, petróleo y sus derivados y gas natural recaerá en el Gobierno de la Federación”. (Art. 44) Luego entonces, el gobierno al tener pleno dominio sobre la propiedad y el control de los hidrocarburos, tiene la facultad de expedir licencias y concesiones para la exploración y producción, así lo establece la Ley de Petróleo, “se concede al ministro de Petróleo el derecho exclusivo de otorgar concesiones para la exploración y producción de crudo”, además, se establece que “la duración de las licencias serán determinadas por el Ministro, y no podrá exceder de cinco años incluidos los periodos prorrogados.”
Es en la denominada “Ley de Aprovechamiento del Suelo”, en donde se localiza el fundamento jurídico de la indemnización que recibirá el afectado por la actividad petrolera: “los titulares de licencias de exploración de petróleo, prospección o mineras serán responsables de pagar una indemnización justa y adecuada por la perturbación de los derechos sobre la superficie o de otros derechos a cualquier persona que sea propietaria u ocupante legítima de las tierras objeto de licencia o concesión”. (Art. 36).
Se destaca que en la ley en comento, que el Estado se exime del otorgamiento de la indemnización por afectación y transfiere dicha responsabilidad a los titulares de las licencias. Esta norma ha generado los conflictos sociales más relevantes de los últimos años en Nigeria, toda vez se le concede poderes discrecionales al Ministro para otorgar licencias sin un procedimiento regulatorio o arbitrado, que genera conflictos entre las comunidades y empresas petroleras, quienes defienden aguerridamente la tierra. Las corporaciones petroleras dependen de la tierra porque contiene petróleo, y las comunidades agrarias dependen de la tierra para sus actividades pesqueras y agropecuarias. Además, el reclamo se vuelve unisonó, toda vez en términos constitucionales el ciudadano tiene el derecho de tenencia de la tierra y un nivel de vida adecuado, que incluye vivienda, alimentos y agua y a las petroleras frecuentemente se les imputa como los responsables del malestar social.
Otro ordenamiento que genera confrontaciones entre las petroleras y los núcleos agrarios es la denominada “Ley de Oleoductos”, en la que se faculta al titular de la concesión para “entrar con sus directivos, representantes, trabajadores y otros empleados, con materiales o vehículos necesarios, en el terreno especificado en el permiso; excavar y perforar el suelo y el subsuelo; talar los árboles y la vegetación que dificulten la consecución de los fines; realizar todas las actividades necesarias para la instalación de un oleoducto o las instalaciones auxiliares; y autorizará al titular, junto con sus empleados para traspasar las tierras colindantes en la medida en que sea necesario.”
El precepto jurídico vulnera los derechos de los comuneros y propicia el repudio social a las compañías petroleras, toda vez que al amparo de esta ley, los licenciantes pueden traspasar las propiedades aledañas a sus obras, talar a discreción árboles o destruir cultivos para la consecución de sus fines, sin un control sobre el impacto negativo que recibe el medio ambiente.
En lo que respecta a la indemnización que el afectado debe recibir por conducto de las empresas petroleras, es determinada por la propia compañía petrolera causante del perjuicio, situación que impulsa a la injusticia social dada la desproporción económica entre las partes. Aunado a esto, el afectado esta impedido para recurrir a algún tribunal para pugnar por la justa indemnización, así lo establece la propia Ley de Aprovechamiento del Suelo: “Ningún tribunal tendrá competencia para investigar cuestiones relativas o concernientes a la suma o suficiencia de la indemnización que se ha pagado o se va a pagar con arreglo a la presente Ley”. (Art. 47)
De lo anterior se desprende que haya surgido un grupo denominado “Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger”, que con suma frecuencia ataca las instalaciones petroleras para manifestarse en contra de los atropellos que cometen las compañías petroleras, al tiempo que reclaman una justa distribución de la riqueza petrolera. Los actos vandálicos con tintes investidos de terrorismo, van desde el robo de combustible, comúnmente conocido como "bunkering", que produce severos daños en los ductos, y que genera mermas importantes de producción, contaminación y desabasto de combustible, hasta la quema de pozos o el secuestro de trabajadores, situaciones que han provocado que los sindicatos declaren la huelga a las compañías petroleras.
La inestabilidad productora de Nigeria prende los focos rojos en el Pentágono, toda vez que las irrupciones en la producción nigeriana y los constantes cortes de suministro, impactan ipso facto en los precios de petróleo en el mercado global, con las consecuencias catastróficas en las economías mundiales. Además que hay empresas que operan en Nigeria de origen estadounidense.
En Nigeria operan trasnacionales del calibre de SPDC, Chevron, Mobil, Agip, Elf y Texaco, corporaciones extranjeras que representan el 98% del total de las reservas y de la producción. El gobierno preocupado por la violencia generalizada en tierra, ha impulsado las actividades exploratorias en aguas profundas y para ello, ha instrumentado los denominados contratos Joint Venture o de “riesgo compartido” que tienen como característica que dos o más personas jurídicas, celebran este contrato para asumir el riesgo respectivo en común, con el objeto de disfrutar en medidas y cantidades estipuladas de los beneficios, por un tiempo determinado, sin la necesidad de constituir una sociedad o persona jurídica distinta.
En los mencionados contratos figura la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria como el principal accionista, propietario del 55% de la renta petrolera que generan las corporaciones multinacionales de petróleo. Con el propósito de regular la renta petrolera, el gobierno nigeriano aprobó el denominado “Decreto de Producción de Contratos de Participación en la Cuenca de Aguas Profundas en Costa Afuera”, el ordenamiento regula los contratos Joint Venture que tengan por objeto producir petróleo o gas en una profundidad de más de 200 metros costa afuera de Nigeria. El decreto establece un sistema de pago de regalías al gobierno de Nigeria, escalonadas según la profundidad de las zonas a explorar, mismas que serán mayores mientras sea menor la profundidad o menores mientras sea mayor. Al cálculo de las regalías deberá sumarse el 10% por ciento adicional del reparto de la producción y además establece como incentivo fiscal la reducción del 50% para el pago de impuestos a las empresas concesionadas que suscriban el referido contrato.
En la actualidad operan bajo este esquema un total de seis joint ventures y son las siguientes: Shell Petroleum Development Company of Nigeria; Mobil Producing Nigeria Unlimited; Chevron Nigeria Limited; Elf Petroleum Nigeria Limited; Nigeria Agip Oil Company; Texaco Overseas Petroleum Company of Nigeria.
En resumen, Nigeria es una Nación privilegiada por sus vastos recursos petroleros, que le puede permitir ser uno de los actores energéticos más importantes del planeta. Esto será posible, si y sólo sí, el Estado nigeriano encuentra una solución adecuada que le permita cumplir con su fin último, que consiste en otorgarles a los suyos bienestar y bien común. Sin lugar a dudas en ese propósito debe añadirse el desarrollo sostenible que debe iniciarse a la brevedad, pues es evidente que la contaminación que genera la actividad petrolera puede y debe disminuirse, pues es una responsabilidad compartida en la que pueden converger empresas y gobierno, mismos que recibirán el beneficio moral de propiciar un mejor entorno para las generaciones presentes y las que están por venir.
