La política energética de Gran Bretaña: eficiencia en ductos y Sostenibilidad

Publicado por Gloabl Energy, (Octubre, 2009)
Hegemonía
Por Salvador Barragán Heredia

Gran Bretaña es uno de los actores de mayor poder en el mundo, se convirtieron en un Estado Miembro de la Comunidad Europea en 1973; en los 80´s, durante el gobierno de Margaret Thatcher, la mayoría de las empresas propiedad del gobierno fueron privatizadas y a partir de ahí, los ingleses iniciaron la era competitiva para recibir las más apetitosas inversiones, ofreciendo estabilidad, baja inflación, atractivas tasas de interés, suficiente empleo y con ello, la octava economía de mayor poder adquisitivo en el mundo.

El éxito inglés tiene que ver con los energéticos, es evidente que ningún país podría aspirar a ser potencia económica, si no tuviera el suficiente abasto energético para echar andar la industria, el comercio y los servicios. Gran Bretaña tuvo el privilegio de descubrir en 1970 grandes reservas de petróleo y gas en el Mar del Norte, sus operaciones iniciaron en 1975 con gran éxito. De facto, en la actualidad es el segundo productor europeo más importante, sólo son superados por los noruegos.

En efecto, la energía es el núcleo de la estabilidad social inglesa, en el que se requiere generar fuertes cantidades de energéticos para mantener la economía estable y otorgarle a los suyos la tan necesaria calidad de vida. Los ingleses utilizan como fuentes de energía: el 39% de gas, 35% de petróleo, 15% de carbón, 9% nuclear y el 2% de otras energías. Sin embargo, el gas es el energético más importante de Gran Bretaña, toda vez que genera el 38% de electricidad; dicho en otras palabras, sin el gas no hay electricidad.

Aunque en el abasto de gas está hoy plenamente garantizado, las proyecciones de consumo energético, advierten que pronto los ingleses entrarán al club de los importadores netos de gas, toda vez, que las bajas temperaturas que se registran en temporada invernal, indican que para abastecer el consumo en el 2010, se requerirá del 50% de gas importado y la cifra se incrementará hasta el 80% en 2020. El escenario se vuelve crítico, si se consideran las constantes interrupciones de suministro y las fluctuaciones de los precios que no tardaran en registrarse con la reactivación económica.

Por ello, el gobierno reconoce que se trata de uno de los desafíos más relevantes de la década y de la historia inglesa. Por ello, el Parlamento ha discutido reiteradamente el tema del abasto y de la inevitable importación de energéticos, porque además, se advierte que el gas seguirá desempeñando un papel primordial en la generación de electricidad. El problema radica en que Gran Bretaña es el cuarto productor de gas en el mundo, sin embargo, el aumento desmesurado en el consumo no podrá sostenerse en unos años, además, resulta preocupante que se hayan registrado disminuciones importantes en la producción, a partir del máximo histórico que se registró en el 2000 y que desde entonces han descendido poco más del 1% cada año.

El gobierno británico está convenido que el problema del abasto de gas es un fenómeno internacional y que la solución está en la liberalización del mercado europeo. El diagnóstico fue apoyado por la Unión Europea, que en junio de 2003 estableció la Directiva sobre el gas, con el objeto de establecer un mercado liberalizado con normas comunes de almacenamiento, transporte, suministro y de distribución de gas natural, que permitan garantizar la seguridad del suministro y una mejor calidad en el servicio.

Mientras su implementación se lleva a cabo, el gobierno ha establecido como eje de su estrategia de suministro, el potencializar la ingeniería de ductos en rutas internacionales. Actualmente, Gran Bretaña se conecta con Noruega en alta mar y con Bélgica. En ambos sistemas, la capacidad de importación de gas resulta insuficiente para sus necesidades próximas.

Por ello, el gobierno ha optado por la suscripción de acuerdos a largo plazo para importar gas con empresas que operan en Países Bajos, Noruega, Malasia y Qatar. Además, se tienen previsto dos nuevos gasoductos, el más grande tendrá una longitud de 1,200 kilómetros y tendrá como destino al Mar de Noruega y se podrá obtener el 20% de la demanda de gas de Gran Bretaña. Aunado a esto, el gobierno construirá un gasoducto con destino a Países Bajos, para importar otro 10%. Si los ingleses logran aumentar el número de ductos en los puntos de entrada podrán lograr garantizar el abasto en unos años.

Otra salida para afrontar las necesidades de suministro, son los complejos de almacenamiento de gas, que pueden mitigar los incrementos de la demanda o la interrupción del suministro. El mercado del gas inglés funciona sólo para atender los picos de demanda, lo que imposibilita atender casos de irrupciones de suministro prolongados. Esto contrasta con muchos países europeos que tienen gran capacidad de almacenamiento y que por lo tanto, pueden suministrar hasta 80 días en promedio; los ingleses actualmente, sólo pueden sostener 13 días. Por ello, el gobierno ha aprobado la construcción de dos nuevos centros de almacenaje para aumentar su capacidad de respuesta.

Mientras los proyectos se realizan, el gobierno preocupado por garantizar el suministro y evitar las irrupciones, expidió el denominado “Reglamento de Seguridad de Ductos”, que tuvo reformas en el 2003. El ordenamiento regula la actividad de los operadores de ductos de gas natural, contiene normas preventivas que evitan accidentes y protege al medio ambiente. Establece obligaciones precisas para que las autoridades locales establezcan programas de emergencia dentro de sus jurisdicciones y para establecer acciones coordinadas en caso de emergencia.

Otro importante reto, afrontado por el gobierno británico, es la calidad de fabricación que debe prevalecer en todo el sistema de ductos para incrementar la seguridad y con ello, evitar las irrupciones. Por ello, el gobierno inglés, de conformidad con el Reglamento en comento, impulsó la política de reemplazo de los ductos corrosibles de forma gradual en un plazo de 30 años. El instrumento jurídico establece obligaciones para que los operadores elaboren un programa de desmantelamiento e incluyan los resultados de su evaluación para identificar la tubería que será sustituida. Además, el operador no podrá eximirse de su cumplimiento por insuficiencia presupuestal, complejidad de la actividad, el tránsito de producto, y de inejecución por impedimento de terceros, por ejemplo, los terratenientes y los grupos de presión.

El afán por garantizar el suficiente abasto de gas, está en sintonía con las preocupaciones ambientales internacionales. Por ejemplo, el Parlamento aprobó en noviembre de 2008, la denominada “Ley sobre el Cambio Climático”, que representa un paso gigante para operar con índices de bajo carbono, toda vez, que establece el compromiso de reducir sus emisiones de carbono en un 80% para el 2050, en comparación con los niveles de 1990. Gran Bretaña fue el primer país del mundo en introducir preceptos jurídicos a largo plazo sobre el cambio climático. Mediante el ordenamiento, se establece la creación de un Comité del Cambio Climático, que tiene la responsabilidad de examinar el cumplimiento del gobierno en la materia y funge como un organismo consultivo y correctivo.

Otro importante aporte legislativo, en congruencia con los retos expresados anteriormente, es la denominada “Ley de Energía de 2008”. El ordenamiento recibió el asentimiento real el 26 de noviembre de 2008, regula aspectos de infraestructura de suministro de gas en altamar, permite la inversión privada para garantizar el abastecimiento y disminuir gradualmente la dependencia de importaciones. Se regulan proyectos de captura y almacenamiento de carbono, permitiendo inversión privada para lograr disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Se incentiva el uso de energías renovables para aumentar la diversidad de fuentes de energía principalmente en el uso de la electricidad, por ello, la ley faculta al gobierno para ofrecer apoyo financiero para proyectos generadores de electricidad que logren una mayor eficiencia.

En la ley citada se establece que para efecto de importación y almacenamiento de gas, ninguna persona podrá llevar a cabo actividad sin que medie una licencia expedida. Gran Bretaña emite más de 500 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, para evitar su acumulación es posible almacenar el contaminante y para ello, se deben de utilizar instalaciones de almacenamiento natural. De ahí que, la ley mencionada regula el otorgamiento de licencias para promover el almacenamiento de dióxido de carbono en lugares controlados.

Un aporte relevante incluido en el instrumento jurídico, es el otorgamiento de certificados de energía renovable que tienen un precio de mercado de 40 libras para aquellas empresas o particulares que utilicen energía limpia. Se han obtenido resultados positivos para generar mayor eficiencia energética y una cultura ambientalista. Los incentivos previstos en la Ley son determinantes para iniciar la construcción de una nueva política energética inglesa.

En efecto, los ingleses se encuentran en franca crisis energética, en estos días la producción de petróleo asciende a 1.3 millones de barriles diarios (MBD) y consumen 1.7 MBD, por lo cual están obligados a importar 400 mil barriles al día. En lo que respecta al gas, los ingreses producen 2.553 billones de pies cúbicos (BPC) y su consumo es de 3.217 BPC, por lo que están obligados a depender de la importación para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, los ingleses se enorgullecen de la compañía petrolera British Petroleum (BP), empresa privada presidida por el irlandés Peter Sutherland. La historia de éxito de esta trasnacional inició en 1965 cuando la plataforma “Sea Gem” operada por BP realizó la primera perforación submarina encontrando hidrocarburos en el mar del Norte. Hoy BP cuenta con actividades comerciales en más de 100 países. Sus activos fijos se encuentran en un 40% en Estados Unidos y un 25% en Gran Bretaña y el resto en Europa.

Si bien es cierto, que BP es una empresa líder en energía basada en petróleo desde 1901, hoy en día ocupa el primer lugar en producción solar en el mundo. Desde hace más de treinta años BP ha incursionado en esta línea de negocio, los estrategas de la corporación visualizaron desde 1973, que la energía solar será el centro del negocio para la década 2010-2020. Con ello, participan hoy en día significativamente en la conservación del medio ambiente y reducen los costos de suministro de energía eléctrica. Superando las expectativas programadas, BP ha invertido en energía verde más de US$1.5 mil millones desde el 2005 y reservó US$8 mil millones para explorar futuras opciones de energía.

En resumen, la crisis energética que atraviesan los ingleses, debe representar una valiosa oportunidad para que sea examinado a fondo el eje por el cual deben de transitar hacia el futuro. Si bien es imprescindible, que deberán garantizar el suministro de gas en los años próximos con un sistema de ductos eficiente, con garantías en seguridad y en cobertura, también hay que decir, que la política energética podría mirar hacia las energías limpias de forma gradual, para satisfacer sus necesidades futuras, porque se ha demostrado que las energías renovables pueden ser tan rentables como aquellas que algún día llegarán inevitablemente a su fin.

El desafío de Nigeria: Enfrentar la maldición de los recursos petroleros con paz social

Publicado por Global Energy (Octubre 2009)
Nigeria se independizó de Gran Bretaña en 1960, padeció del amargo estrago de la guerra civil en 1965 en la que perecieron más de un millón de personas. En 1976 fue asesinado el presidente Murtala y el gobierno quedó en manos de Olusegun Obasanjo, quien fuera un líder militar que pasó tres años en prisión durante el régimen del General Sani Abacha. A partir de ahí, comenzó el periodo constitucional más importante de la historia de Nigeria, en el que se legalizaron los partidos políticos, se aprobó la constitución y se estableció la convocatoria electoral. El esfuerzo culminó con la devolución del poder a los civiles en 1979 y de esta forma, Obasanjo se convirtió en el primer presidente democrático.

La moderna Nigeria, tiene el privilegio de contar con extraordinarios recursos naturales, particularmente de petróleo. Se trata de la quinceava potencia productora de crudo en el mundo, sus operaciones les permite extraer al día más de 2.17 millones de barriles, sus actividades exploratorias se concentran en las aguas profundas en la cuenca del Chad y según los datos del diario oficial del gobierno “Oil and Gas Journal”, se estima que sus reservas probadas superan los 36 mil millones de barriles, lo que los posiciona en el décimo lugar de las naciones que poseen mayores reservas probadas.

A pesar de la riqueza mencionada, Nigeria es víctima de la famosa maldición de los recursos petroleros, pues a pesar de tenerlo prácticamente todo, el país vive sumergido en la pobreza. Mientras el gobierno nigeriano intenta mejorar las condiciones de vida de los suyos, la miseria crece cobijada por la corrupción, la degradación ambiental, la destrucción de medios de vida y la delincuencia. Según el Banco Mundial, el 80% de los ingresos del petróleo se concentran en manos del 1% de la población, y el 70% de la riqueza económica se ubica en territorio extranjero. En el 2008, Nigeria se ubicó en el lugar 158 de 177 países en el índice de calidad de vida; de facto el 30% de los niños tienen peso insuficiente; y son la segunda más alta tasa de mortandad infantil en el mundo; además, la mitad de la población carece de agua potable y la esperanza de vida promedio es de 46 años. (Khakee, A).

Hay que decir que se observan avances en el combate de la pobreza y es probable que Nigeria pueda alcanzar los llamados “Objetivos del Milenio”, para garantizar la seguridad alimentaria, igualdad de género y el otorgamiento de la educación básica antes del 2015. Los esfuerzos reales iniciaron en el 2004, cuando Nigeria emprendió el Programa NEEDS (National Economic Empowerment and Development Strategy), estrategia de reducción de la pobreza a través de la generación de empleo y mediante reformas legislativas estructurales. Hoy, Nigeria tiene claro el objetivo convertir a Nigeria en uno de los 20 países más ricos del mundo para el año 2020 y así, reducir su pobreza.

Mientras esto ocurre, la economía nigeriana esta petrolizada. El Banco Mundial afirma que el 95% de los ingresos derivados de las exportaciones nigerianas derivan del petróleo y el 85% de los ingresos del gobierno provienen de las ventas de hidrocarburos.

En efecto, la política energética se centra en las exportaciones, toda vez que su consumo interno es mínimo al requerir solamente de 286 mil barriles diarios, aún y cuando es el noveno país más poblado en la tierra, de ahí que puedan utilizar el remanente para exportar al día 1.88 millones de barriles. Las exportaciones tienen como destino los Estados Unidos, principal consumidor del mundo, en la actualidad Nigeria es el quinto proveedor más importante que tienen los estadounidenses, quienes dan preferencia al petróleo nigeriano porque es de bajo contenido de azufre y gravedad, lo que permite a las refinerías estadounidenses reducir los costos de refinación, además que la situación geográfica de Nigeria permite que los costos de transporte a Europa y Estados Unidos sean relativamente bajos.

Si bien es cierto, que los nigerianos están haciendo grandes esfuerzos para acrecentar su hegemonía a nivel mundial en su actividad petrolera, también es verdad que en estos momentos enfrentan el desafío de reformar su marco jurídico energético para generar paz y crecimiento económico. El reto tiene que ver principalmente con el destino de los ingresos derivados del petróleo y por otro lado, en las acciones que emprenden las corporaciones petroleras extranjeras en perjuicio de las comunidades agrarias, mismas que operan bajo el auspicio de la legislación, veamos:

En la Constitución de Nigeria se establece que “la propiedad y el control sobre todos los minerales, petróleo y sus derivados y gas natural recaerá en el Gobierno de la Federación”. (Art. 44) Luego entonces, el gobierno al tener pleno dominio sobre la propiedad y el control de los hidrocarburos, tiene la facultad de expedir licencias y concesiones para la exploración y producción, así lo establece la Ley de Petróleo, “se concede al ministro de Petróleo el derecho exclusivo de otorgar concesiones para la exploración y producción de crudo”, además, se establece que “la duración de las licencias serán determinadas por el Ministro, y no podrá exceder de cinco años incluidos los periodos prorrogados.”

Es en la denominada “Ley de Aprovechamiento del Suelo”, en donde se localiza el fundamento jurídico de la indemnización que recibirá el afectado por la actividad petrolera: “los titulares de licencias de exploración de petróleo, prospección o mineras serán responsables de pagar una indemnización justa y adecuada por la perturbación de los derechos sobre la superficie o de otros derechos a cualquier persona que sea propietaria u ocupante legítima de las tierras objeto de licencia o concesión”. (Art. 36).

Se destaca que en la ley en comento, que el Estado se exime del otorgamiento de la indemnización por afectación y transfiere dicha responsabilidad a los titulares de las licencias. Esta norma ha generado los conflictos sociales más relevantes de los últimos años en Nigeria, toda vez se le concede poderes discrecionales al Ministro para otorgar licencias sin un procedimiento regulatorio o arbitrado, que genera conflictos entre las comunidades y empresas petroleras, quienes defienden aguerridamente la tierra. Las corporaciones petroleras dependen de la tierra porque contiene petróleo, y las comunidades agrarias dependen de la tierra para sus actividades pesqueras y agropecuarias. Además, el reclamo se vuelve unisonó, toda vez en términos constitucionales el ciudadano tiene el derecho de tenencia de la tierra y un nivel de vida adecuado, que incluye vivienda, alimentos y agua y a las petroleras frecuentemente se les imputa como los responsables del malestar social.

Otro ordenamiento que genera confrontaciones entre las petroleras y los núcleos agrarios es la denominada “Ley de Oleoductos”, en la que se faculta al titular de la concesión para “entrar con sus directivos, representantes, trabajadores y otros empleados, con materiales o vehículos necesarios, en el terreno especificado en el permiso; excavar y perforar el suelo y el subsuelo; talar los árboles y la vegetación que dificulten la consecución de los fines; realizar todas las actividades necesarias para la instalación de un oleoducto o las instalaciones auxiliares; y autorizará al titular, junto con sus empleados para traspasar las tierras colindantes en la medida en que sea necesario.”

El precepto jurídico vulnera los derechos de los comuneros y propicia el repudio social a las compañías petroleras, toda vez que al amparo de esta ley, los licenciantes pueden traspasar las propiedades aledañas a sus obras, talar a discreción árboles o destruir cultivos para la consecución de sus fines, sin un control sobre el impacto negativo que recibe el medio ambiente.

En lo que respecta a la indemnización que el afectado debe recibir por conducto de las empresas petroleras, es determinada por la propia compañía petrolera causante del perjuicio, situación que impulsa a la injusticia social dada la desproporción económica entre las partes. Aunado a esto, el afectado esta impedido para recurrir a algún tribunal para pugnar por la justa indemnización, así lo establece la propia Ley de Aprovechamiento del Suelo: “Ningún tribunal tendrá competencia para investigar cuestiones relativas o concernientes a la suma o suficiencia de la indemnización que se ha pagado o se va a pagar con arreglo a la presente Ley”. (Art. 47)

De lo anterior se desprende que haya surgido un grupo denominado “Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger”, que con suma frecuencia ataca las instalaciones petroleras para manifestarse en contra de los atropellos que cometen las compañías petroleras, al tiempo que reclaman una justa distribución de la riqueza petrolera. Los actos vandálicos con tintes investidos de terrorismo, van desde el robo de combustible, comúnmente conocido como "bunkering", que produce severos daños en los ductos, y que genera mermas importantes de producción, contaminación y desabasto de combustible, hasta la quema de pozos o el secuestro de trabajadores, situaciones que han provocado que los sindicatos declaren la huelga a las compañías petroleras.

La inestabilidad productora de Nigeria prende los focos rojos en el Pentágono, toda vez que las irrupciones en la producción nigeriana y los constantes cortes de suministro, impactan ipso facto en los precios de petróleo en el mercado global, con las consecuencias catastróficas en las economías mundiales. Además que hay empresas que operan en Nigeria de origen estadounidense.

En Nigeria operan trasnacionales del calibre de SPDC, Chevron, Mobil, Agip, Elf y Texaco, corporaciones extranjeras que representan el 98% del total de las reservas y de la producción. El gobierno preocupado por la violencia generalizada en tierra, ha impulsado las actividades exploratorias en aguas profundas y para ello, ha instrumentado los denominados contratos Joint Venture o de “riesgo compartido” que tienen como característica que dos o más personas jurídicas, celebran este contrato para asumir el riesgo respectivo en común, con el objeto de disfrutar en medidas y cantidades estipuladas de los beneficios, por un tiempo determinado, sin la necesidad de constituir una sociedad o persona jurídica distinta.

En los mencionados contratos figura la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria como el principal accionista, propietario del 55% de la renta petrolera que generan las corporaciones multinacionales de petróleo. Con el propósito de regular la renta petrolera, el gobierno nigeriano aprobó el denominado “Decreto de Producción de Contratos de Participación en la Cuenca de Aguas Profundas en Costa Afuera”, el ordenamiento regula los contratos Joint Venture que tengan por objeto producir petróleo o gas en una profundidad de más de 200 metros costa afuera de Nigeria. El decreto establece un sistema de pago de regalías al gobierno de Nigeria, escalonadas según la profundidad de las zonas a explorar, mismas que serán mayores mientras sea menor la profundidad o menores mientras sea mayor. Al cálculo de las regalías deberá sumarse el 10% por ciento adicional del reparto de la producción y además establece como incentivo fiscal la reducción del 50% para el pago de impuestos a las empresas concesionadas que suscriban el referido contrato.

En la actualidad operan bajo este esquema un total de seis joint ventures y son las siguientes: Shell Petroleum Development Company of Nigeria; Mobil Producing Nigeria Unlimited; Chevron Nigeria Limited; Elf Petroleum Nigeria Limited; Nigeria Agip Oil Company; Texaco Overseas Petroleum Company of Nigeria.

En resumen, Nigeria es una Nación privilegiada por sus vastos recursos petroleros, que le puede permitir ser uno de los actores energéticos más importantes del planeta. Esto será posible, si y sólo sí, el Estado nigeriano encuentra una solución adecuada que le permita cumplir con su fin último, que consiste en otorgarles a los suyos bienestar y bien común. Sin lugar a dudas en ese propósito debe añadirse el desarrollo sostenible que debe iniciarse a la brevedad, pues es evidente que la contaminación que genera la actividad petrolera puede y debe disminuirse, pues es una responsabilidad compartida en la que pueden converger empresas y gobierno, mismos que recibirán el beneficio moral de propiciar un mejor entorno para las generaciones presentes y las que están por venir.